La Corte Penal Internacional (CPI) está “ya muerta para nosotros”, dijo
recientemente a la Sociedad Federalista el Asesor de Seguridad
Nacional, John Bolton. Estados Unidos, dijo, resistirá al tribunal “por
todos los medios necesarios”.
¿Por
qué tomaría la administración Trump una línea tan dura contra “el
tribunal de última instancia mundial”? Fundado en 2002, a raíz de los
genocidios y violaciones masivas de Ruanda y Yugoslavia, se suponía que
el organismo internacional debía juzgar a los malhechores que de otro
modo escaparían a la justicia debido a los sistemas legales quebrantados
en los Estados fallidos.
Oponerse a la corte no es una nueva posición para Estados Unidos o el embajador Bolton. La Administración Bush se negó a firmar el tratado de implementación de la corte en 2003, alegando que conduciría a juicios de soldados y espías estadounidenses por parte de un organismo políticamente turbulento ubicado en Europa. En ese momento, muchos líderes europeos se opusieron a la guerra del presidente Bush en Irak y cuestionaron sus acciones en la guerra contra el terrorismo, incluida la entrega y la detención indefinida de prisioneros en la Bahía de Guantánamo. El embajador Bolton fue aún más clarividente. Advirtió, en 1998, cuando la formación del cuerpo se debatía por primera vez en Roma, que sería ineficaz, irresponsable y excesivamente político.
Ahora, los soldados estadounidenses pueden enfrentar cargos por actividades en Afganistán. Si bien Estados Unidos no es signatario del tratado, Afganistán lo es y el tribunal reclama jurisdicción sobre cualquier acción que se tome allí. Si la CPI comienza a enjuiciar a los “crímenes de guerra” estadounidenses en el extranjero, los comandantes moderarán sus planes de batalla, los soldados se volverán tímidos con las armas y los civiles se negarán a servir. El derecho soberano de Estados Unidos a defenderse se verá debilitado. También se espera que Israel sea otro objetivo, ya que la Autoridad Palestina ha aceptado la jurisdicción del tribunal y ya ha solicitado una investigación.
En la práctica, la Corte Penal Internacional es un experimento fallido.
Artículo original de © israelnoticias.com | Autorizado para su difusión incluyendo este mensaje y la dirección: https://israelnoticias.com/editorial/corte-penal-internacional/
Oponerse a la corte no es una nueva posición para Estados Unidos o el embajador Bolton. La Administración Bush se negó a firmar el tratado de implementación de la corte en 2003, alegando que conduciría a juicios de soldados y espías estadounidenses por parte de un organismo políticamente turbulento ubicado en Europa. En ese momento, muchos líderes europeos se opusieron a la guerra del presidente Bush en Irak y cuestionaron sus acciones en la guerra contra el terrorismo, incluida la entrega y la detención indefinida de prisioneros en la Bahía de Guantánamo. El embajador Bolton fue aún más clarividente. Advirtió, en 1998, cuando la formación del cuerpo se debatía por primera vez en Roma, que sería ineficaz, irresponsable y excesivamente político.
Ahora, los soldados estadounidenses pueden enfrentar cargos por actividades en Afganistán. Si bien Estados Unidos no es signatario del tratado, Afganistán lo es y el tribunal reclama jurisdicción sobre cualquier acción que se tome allí. Si la CPI comienza a enjuiciar a los “crímenes de guerra” estadounidenses en el extranjero, los comandantes moderarán sus planes de batalla, los soldados se volverán tímidos con las armas y los civiles se negarán a servir. El derecho soberano de Estados Unidos a defenderse se verá debilitado. También se espera que Israel sea otro objetivo, ya que la Autoridad Palestina ha aceptado la jurisdicción del tribunal y ya ha solicitado una investigación.
En la práctica, la Corte Penal Internacional es un experimento fallido.
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