En 2022, por impulso del Ministro Wado de Pedro y a través del Consejo Federal de Inversiones, siete provincias argentinas de distinto color político firmaron convenios con Mekorot, empresa estatal de agua de Israel, para que diseñe sus planes de manejo del agua; en otras dos provincias la relación con la empresa no es clara. En 2024, La Libertad Avanza profundizó la relación con Israel; por su parte, otros tres gobernadores se sumaron a los acuerdos.
La contratación se hizo sin licitación pública ni convocatoria abierta, violando normas de acceso a la información y participación ciudadana, no hubo consulta libre, previa e informada de pueblos originarios y comunidades locales. En Río Negro, por ejemplo, se le pagó 1,5 millones de dólares a la empresa, la provincia se somete a la legislación y tribunales de Inglaterra, Mekorot se queda con la propiedad intelectual de los estudios preliminares, entre otras condiciones que violan la soberanía.
En contextos de crisis hídrica, estos planes de manejo buscan garantizar el agua para la megaminería, el fracking, el avance de la agroindustria o los intereses inmobiliarios. Proyectos cuestionados por las comunidades locales que defienden este bien esencial para la vida en los territorios, y que en muchos casos son criminalizadas por los mismos gobiernos que contrataron a la empresa.
FVN
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