Aduce, que los DNU sobre Aysa, son administrativos y de regulación económica, siendo que le venimos diciendo al presidente y su gobierno, que se afectan derechos esenciales y el agua, sobretodo como derecho humano. Los que a partir del 94, tienen jerarquía constitucional. (Art 75, inc 22)
Como ocurrió con alguno de los anteriores decretos, luego, la bicameral como ambas cámaras, puede rechazarlo por inconstitucional, para dejarlo sin efecto.
Sabemos por el artículo 99, que el presidente no puede legislar salvo en situaciones excepcionales, por eso, coloca en acento en lo económico para darle el carácter que no tiene, dado que su política económica fracasa una vez más, clonada del gobierno de Macri, con sus mismos autores.
Todo un fraude, el tema de la inflación y el déficit fiscal, herramientas estratégicas para consumar políticas de destrucción del Estado Argentino, compuesto por personas a las que quiere exterminar a través del hambre, la desocupación, la falta de medicamentos, pero sobretodo la intromisión extranjera a la pretende regalar nuestros recursos esenciales como el agua.
No puede ponerse en riesgo un derecho humano esencial como el agua.
El ejecutivo no puede modificar, un servicio público regulado por LEY.
No puede desconocer la competencia del Congreso y las Provincias.
Dichos decretos abrirían las puertas a la judicialización tanto en fueros locales como internacionales.
Ya que la nación, dicta presupuestos mínimos, (exceptuando este gobierno que actúa sin presupuesto disponiendo las partidas a su antojo y el de sus cómplices,) pero las provincias también tienen competencia en recursos naturales.
Los DNU, vulneran estos derechos, ya que el acceso al agua, no puede estar condicionado en forma exclusiva, a la lógica del mercado.
Aysa, fue reestatizada en 2006, por ley 26.221 y cuando un recurso es regulado por ley, su privatización, requiere también una ley. Lo que Milei, con su carácter autoritario, intenta evadir.
Comunicó el vocero presidencial, que se abrirá una licitación nacional e internacional, pretendiendo entregar el 90% perteneciente al estado a Mekorot, la empresa israelí que utiliza el agua como arma de guerra en Palestina y fue corrida de distintos países por su ineficacia y su sentido estratégico de dominación política y territorial.
Si bien el convenio fue firmado por el gobierno anterior por Wado de Pedro y varios gobernadores, esto no puede realizarse en el marco de las leyes que rigen nuestra Nación Argentina.
Un gran adelanto es que el congreso rechazó las facultades que había delegado por un año a Milei y vencieron el 8 de julio. El gobierno con eso perdió una herramienta central para avanzar en reformas sin pasar por el congreso.
P/D
Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 493/2025: publicado el 21 de julio de 2025, modifica más de 100 artículos del marco regulatorio de AySA. Entre otros cambios, habilita el corte del servicio por falta de pago y adapta el entorno legal para permitir la privatización del 90 % de las acciones a MEKOROT, la empresa genocida Israelí
No hay comentarios:
Publicar un comentario